Según el ente, las declaraciones al respecto del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, son un amedrentamiento directo contra esos medios, que dan cobertura a dirigentes políticos o campesinos ajenos a la línea política del actual ejecutivo.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, aseguró que una eventual clausura de ese tipo resultaría un acto ilegal, y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protege esas funciones de las plantas radiales.
La abogada y segunda boliviana en ocupar ese puesto, recordó que la CIDH defiende la importancia de las radios comunitarias dentro de un Estado, ‘por permitir el goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión’.
Cruz reaccionó a nombre de su institución ante las alegaciones del Ministro Murillo respecto de que ‘las radios como Kawsachun Coca ‘soliviantan la violencia, el terrorismo, y la sedición’, y que ‘deberían ser clausuradas’.
Según la líder del ente boliviano defensor de los derechos humanos, la restricción de la libertad de opinión debe realizarse dentro del marco de la legalidad.
Esas limitaciones de expresión tienen que estar establecidas ‘de forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley, tanto en el sentido formal como material’, destacó la defensora.
Cruz aclaró la definición de la CIDH respecto a que ‘ley’ no es cualquier norma jurídica, ‘sino aquellos actos normativos generales adoptados por el órgano legislativo constitucionalmente previsto y democráticamente elegido’.
La letrada recordó otros intentos oficiales del gobierno de facto contra la radio Kausachun Coca, entre ellos cuando en enero pasado decomisó aparatos de ese medio informativo.
El rechazo de la Defensoría siguió al de otros sectores y personalidades como el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien calificó el hecho de ‘un nuevo atentado contra la libertad de expresión’.
Según el político boliviano, el gobierno de facto persigue y suspende garantías para el trabajo de medios y periodistas ‘que no responden a sus intereses de prorrogarse en el poder’.
‘Las descalificaciones generalizadas y la pretensión de censura de radios comunitarias atentan contra la tradición de comunicación oral y medios de sectores sociales, pueblos indígenas y poblaciones campesinas de Bolivia’ agregó.
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, opinó que el cierre de una radioemisora es desde hace mucho tiempo ‘una prueba de la falta de debido proceso y forma de censura previa’. (Prensa Latina)
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