Interponen medidas legales por corte de señal de emisora en Ecuador

La recién electa prefecta de Pichincha, Paola Pabón, interpuso una medida de protección y otra cautelar por la salida del aire de Radio Pichincha Universal, emisora muy seguida en esa provincia ecuatoriana.

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En declaraciones a medios de prensa a la salida del Complejo Judicial Norte, en esta capital, Pabón consideró ambas acciones como una represalia política al pueblo, por haberla elegido el 24 de marzo para dirigir los destinos de la provincia.

‘Hemos pedido esta medida en vista de que se han violentado varios derechos’, aseguró.

En ese sentido, precisó que no existe una motivación necesaria, como establece la Constitución, para haber pasado al cierre de la señal de la emisora, ni tampoco Radio Pichincha tuvo la posibilidad de defenderse.

Su pronunciamiento responde al cese de la señal de la emisora, luego de que Gamavisión, donde se ubican los equipos de la radio, decidió desconectar los equipos, por presunta falta de pago, lo cual fue negado por los directivos del medio de comunicación.

Pabón añadió que también se ha afectado el derecho a la comunicación garantizado por la Constitución, la ley de Comunicación y la ley de Telecomunicaciones, así como la propiedad de Pichincha Universal, pues se procedió de manera ilegal e ilegítima a incautar varios bienes con los cuales ejerce sus labores.

Al respecto, señaló que la falta de señal no solo perjudica a la provincia y al gobierno, sino también, y principalmente, a las audiencias a las cuales informaba de manera directa y de forma permanente.

Sobre ese particular acotó que existen más de 100 colectivos de comunicación comunitaria, los cuales se activan y operan con Pichincha Universal, por lo cual insistió en denunciar una violación de derechos.

La señal de Pichincha Universal fue suspendida por orden del interventor de Gamavisión, debido a una supuesta deuda de 300 mil dólares, argumento que ha sido rechazado por los directivos de la emisora. (Prensa Latina)

Según sostienen los radiodifusores, quienes se mantienen informando en línea, cuentan con autorización para el uso de las instalaciones donde se ubican sus equipos desde 2012, sin que medie un costo por concepto de arrendamiento.

Por su parte, Pabón alertó que también solicitará abrir una investigación en la Fiscalía provincial. (Prensa Latina)

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