El gobierno venezolano ordenó el cierre de cuatro radiodifusoras, señaladas de operar sin contar con los permisos administrativos requeridos, informó el viernes el organismo rector del sector.
«Las sanciones se producen debido a la presunta prestación del servicio de radiodifusión sonora y la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin contar con la debida habilitación administrativa y concesión requerida», dijo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en un comunicado.
También se acordó la aplicación de las «medidas cautelares de suspensión de las actividades… (y la) incautación de los equipos» de transmisión, se informó.
Los propietarios de las emisoras afectadas — Venezuela Olímpica 97.9 FM, Caicareña 100.5 FM, Unica 104.9 FM y Líder 100.7 FM, ubicadas en el oriental estado Monagas– tendrán hasta tres semanas para «exponer sus alegatos y defensas, y para oponerse a las medidas cautelares», agregó el escrito.
La directiva de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, que agrupa a más de 400 emisoras privadas del país, en un comunicado afirmó que «ratifica su apoyo a las medidas tomadas por el ente regulador en defensa de los prestadores de servicio que funcionan legalmente y de los radioescuchas». Y llamó a no confundir estos procedimientos como un atentado a la libertad de expresión.
La Cámara recordó que «ha sido activa denunciante desde hace muchos años de las emisoras clandestinas y piratas que irrumpen en el dial, distorsionando las señales y causando un daño a la radiodifusión venezolana y a sus usuarios».
La presidenta de la Cámara, Enza Carbone, salió al paso a declaraciones del gobernador del estado Monagas, José Briceño, quien denunció que la medida sería parte de supuestas represalias de la administración del presidente Hugo Chávez, luego que sus recientes críticas contra algunos dirigentes cayeron mal en el gobierno y desembocaron en su posterior expulsión del partido.
«En el país están funcionando más de mil emisoras clandestinas… realmente es preocupante que un gobernador salga en defensa de una emisora clandestina», en alusión a La Caicareña 100.5 FM, propiedad de un hermano del gobernador, señaló Carbone en declaraciones difundidas por la televisora de noticias Globovisión.
También consideró preocupante que una emisora clandestina tenga como «propietario, director o que este bajo la protección de un funcionario público, sea de la línea política que sea», agregó, sin dar detalles.
En posteriores declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión, Carbone destacó que Conatel ha cerrado decenas de emisoras clandestinas en varios estados en los últimos diez meses.
La Cámara, que ha rechazado medidas de cierre del gobierno a estaciones de radio a las que no les renovó la concesión, muchas de ellas críticas del gobierno, denunció que «las emisoras clandestinas interfieren en las señales» de radios legalmente establecidas y resaltó que ambos organismos llegaron a un acuerdo para combatir las emisoras piratas.
«Hay más de 50 emisoras que Conatel ha cerrado por estas circunstancias en los últimos diez meses, más bien esperamos más (cierres)», acotó la ejecutiva radial.
«La cámara de radio no es un organismo político, está abierta a todas las tendencias políticas y sigue apoyando la legalidad», añadió.(El Sol de San Luis)